Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Saqueo público

13/06/2018
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A finales de la semana pasada, el fiscal general, Douglas Menéndez, sorprendió a todo el país al hacer pública la operación “Saqueo Público”, en la que una treintena de personas, encabezadas por el expresidente Mauricio Funes, son acusadas del desvío de 351 millones de dólares provenientes de la partida secreta asignada a la Presidencia de la República. El grueso de las acusaciones es por lavado de dinero, peculado y encubrimiento, los mismos delitos por los cuales Antonio Saca guarda prisión a la espera de que concluya su juicio. Los implicados son en su mayoría familiares y amigos del círculo de confianza de Funes. Según la Fiscalía, mediante la cadena de corrupción y malversación de fondos se compraron propiedades y vehículos, se pagaron viajes y lujos.

El Salvador pasa por una situación sin precedentes. Mauricio Funes es el tercer mandatario acusado y procesado por malversación de fondos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la misma línea que sus predecesores, Antonio Saca y Francisco Flores. Los tres han sido llevados ante la justicia, algo que hasta hace poco era inaudito. Por ello, de sustentarse las acusaciones, se estaría ante la consolidación de la independencia del poder judicial y del Ministerio Público. En el caso de Francisco Flores, el proceso no finalizó debido a su muerte, pero los indicios de que se apropió de fondos del Estado eran más que claros. Incluso miembros de Arena reconocieron haber recibido parte del dinero desviado a fin de utilizarlo en la campaña presidencial de Antonio Saca.

Cuando la corrupción se da en las más altas esferas de la administración del Estado, el mal es más grave y cabe suponer que se reproduce en el resto de dependencias gubernamentales. Si el Presidente de la República, que según nuestra Carta Magna tiene como primera obligación “cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales”, falta a la legalidad y a la ética, difícilmente exigirá probidad y respeto por la ley al resto de los funcionarios públicos que forman parte de su Gobierno. Cuando el cáncer está en la cabeza, todo el cuerpo se ve afectado.

Por el bien del país, esperamos que la Fiscalía General de la República cuente con todas las pruebas necesarias para iniciar un proceso de esta naturaleza y llevarlo a buen término. De lo contrario, estaría poniendo en riesgo su credibilidad, torpedeando la lucha contra la corrupción y causando un enorme daño a los acusados. Bajo ninguna circunstancia la Fiscalía debe formular acusaciones, mucho menos con gran despliegue mediático, sin tener certeza razonable sobre las mismas. Es fundamental que los procesos judiciales contra Saca y Funes avancen y lleguen hasta el final, demostrando técnicamente, con pruebas fehacientes, la comisión de los delitos que se les imputan, para que los jueces puedan aplicar la ley como corresponde. Solo de ese modo se mostrará que las cosas pueden cambiar, que la justicia ya no es una culebra que solo pica al descalzo, sino que trata a todos por igual y defiende el bien común.

En este marco, es significativo que la Corte de Cuentas de la República no haya dado alertas en ninguno de los tres casos; peor aún, que en su momento les haya expedido finiquitos a Funes, Saca y Flores. Ello muestra la ineficacia de la institución del Estado que tiene como principal misión velar por el correcto uso de los fondos públicos; una ineficacia que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de depurar y reformar a fondo la Corte. Igualmente necesaria es una nueva ley de probidad que posibilite detectar a tiempo toda forma de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos y de ese modo contribuya a erradicar la corrupción. Luchar contra este flagelo es tarea de todos. Ante actos de corrupción, no cabe el silencio, solo la condena, pues, como afirma el papa Francisco, “la corrupción es una ciénaga” que destruye a la sociedad.


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Comentarios

Ismael
14/08/2018 02:30:55 AM




Que pasa con Cristiani, Calderon Sol porque no se investigan tambien? Porque no se expropian las propiedades de Flores tambien?



mario
19/06/2018 11:54:09 AM




Puro show politico,lo llamaria a esto.hoy en dia ser presidente es volverse corrupto.de que lo acusaran a sanchez ceren.solo me quedan las dudas:el finiquito???,la ley de probidad????,la auditoria de las instituciones publicas.donde esta el estado ejerciendo su función de fiscalización del trabajo publico,porque acá no existe ningún honrado en este país.



jorge rodriguez
16/06/2018 10:02:26 AM



2

me intriga lo probatorio de esa acusación contra Funes y cía. Se dice que el imputado y su cohorte sustrajeron constantemente dineros del Banco Hipotecario en sumas considerables pero recientemente el mismo banco ha declarado públicamente que en su seno no pasa ni ha pasado nada. Me pregunto si es posible que los millones que la fiscalía señala se pudieron sustraer sin disparar alarmas de ningún tipo asumiendo que eso se hacía con frecuencia y en muchas ocasiones según el relato. ¿Es que nadie se enteraba de nada? o ¿es que debemos presumir una trama tan elaborada que durante tanto tiempo no despertara la más mínima sospecha? ¿Y los entes contralores? La superintendencia del sistema financiero, la corte de cuentas, el min de Hacienda? Se saqueó tan descaradamente el banco y nadie nos dimos cuenta en este país donde nada pasa desapercibido? Y si esto ha sido posible...qué más pudieron haber hecho estos y otros más pícaros que les precedieron? Son en realidad tan...



Rafael Castro.
15/06/2018 05:38:23 PM



2

0
Pero lo que no podemos tolerar es que sea solo un sector el investigado y recluído en prisión. La investigación debe ser pareja para todos. Tenemos evidencias de que la fiscalía se hace sorda y ciega como en el caso de los diez millones de dólares que envió Taiwán para los damnificados de un terremoto. En este caso, el mismo ex presidente fallecido explicó paso a paso lo que hizo con el dinero. No hubo necesidad de hacer mayor investigación. Pero la fiscalía actual ha ignorado por completo el caso. Por otro lado, si se castiga a quienes recibieron dinero por parte del ex presidente Funes, también debe sancionarse a quienes recibieron sobresueldos mensuales hasta por cinco años o más. Esto también es delito y grave. Como hay otros casos, diría que hay sesgo en las investigaciones, y hasta se podría creer que al mediatizar los casos, lo que se busca es la reelección del fiscal general, aprovechando la mayoría de diputados de derecha en la asamblea.



El zorro
14/06/2018 11:12:29 AM



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2
Si se reúnen los robos de Flores, Saca y Funes, con esa plata podríamos acabar con la pobreza extrema de este país, creo que lo más importante es recuperar ese dinero, para usarlo en beneficio social.



Cubias
14/06/2018 08:58:10 AM



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1
Lo que no me queda claro de este tema, es porque a la Dra Pignato le giran orden de captura cuando ella a acudido cada vez que el tribunal la a llamado y a la Sra de Saca solo le ponen fianza pero nunca la fueron a capturar? y como es que este pais teniendo tanto dinero cada vez que quieren hacer algo anda prestando? no me cabe en la cabeza que este pais siendo tan chiquito haya tanta corrupcion



Ernesto
14/06/2018 08:38:46 AM



2

2
LO preocupante es que la sociedad salvadoreña está tan polarizada que, cualquier intento de hacer justicia se ve como una vendetta política, como cortina de humo para tapar otros temas...yo en lo personal no confío en la FGR y tampoco en los políticos.



Juan Gilberto Ramirez H.
14/06/2018 07:31:21 AM



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7
Es verdad,El Salvador en muchos casos de la vida nacional se da el lujo de estar en primer lugar, como ejemplo: la violencia , la inseguridad, los asesinatos, las pandillas y últimamente los feminicidios. Pero lo que ha rebasado el vaso es el caso del ex presidente Funes y la pacotilla de gente de su contorno que con el "saqueo público" se han robado el dinero del pueblo en una cantidad exorbitante y escandalosa sin precedentes de $351.000.000 que supera la cantidad robada por Saca en $110.000.000. El crimen cometido por Funes y Saca debe ser castigado con la máxima pena,pues, robarse el dinero del pueblo pagado en impuestos es un delito gravísimo. El señor Funes niega todas las imputaciones diciendo que el Fiscal no tiene pruebas o evidencias de nada para incriminarlo. Claro, es comprensible que se declare inocente de todos los delitos que ha cometido. La Fiscalía tiene todas las pruebas para que el juez lo condene a 100 años de prisión en el hotel MARION. Lo esperamos...




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