Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


La vivienda es un derecho, no una mercancía

06/04/2018
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De acuerdo a un informe de la división de Hábitat de la ONU, en 2014, 63,200 familias salvadoreñas no tenían vivienda y más de 450 mil habitaban una que no reunía condiciones dignas para un ser humano. Es decir, hace cuatro años, más de medio millón de familias, una tercera parte de la población, carecía de vivienda decente. Y esta dura situación se mantiene.

La vivienda es más que la suma de techo y paredes. Toda familia tiene el derecho de vivir en un lugar digno y seguro. Y ese derecho es interdependiente con otros, especialmente con los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud y a la educación. Por ello, apostar por solucionar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda implica apostar por mejorar muchos otros aspectos de la realidad. Tener una vivienda con los servicios básicos esenciales y con un espacio suficiente para las relaciones familiares redunda en la buena salud de sus habitantes.

Estudios especializados han comprobado que el cambio a una vivienda digna es una estrategia efectiva para mejorar el desempeño escolar de los niños de escasos recursos. Una vivienda digna también ayuda al fortalecimiento de la familia al proveer espacios adecuados para el descanso, la seguridad y la interacción entre sus miembros. Por otro lado, la experiencia muestra que una vivienda con las condiciones mínimas para el buen desarrollo de la vida eleva la autoestima de las personas, dignifica su existencia.

Si alguno de los Gobiernos de la posguerra hubiese entendido que la reducción del déficit habitacional contribuye a solucionar problemas sociales como la violencia, el país estaría en una situación distinta. Pero en El Salvador a la vivienda se le ha despojado de su función social. Como sucede con otros derechos fundamentales, como al agua, la salud y la educación, la vivienda se ha mercantilizado. Y ello ha tenido dramáticas consecuencias en el crecimiento de la desigualdad socio-espacial y en el proceso de exclusión de gran parte de la población, sobre todo en las grandes ciudades. Una vivienda en una zona exclusiva del área metropolitana de la capital aumenta su valor anualmente; una ubicada en una colonia populosa signada por la violencia y la inseguridad cada día vale menos.

El derecho a la vivienda se ha hecho a un lado. En esta área, el Estado ha descuidado su función de contraloría y su potestad de pedir cuentas al sector privado, en detrimento de los derechos humanos. El poder de las empresas urbanísticas es tan grande que parecen ser ellas y no el Gobierno quienes deciden el uso del suelo y los límites de construcción. Los actores privados solo ven en la vivienda un negocio, despojándola de su carácter social. Frente a esta realidad, la UCA se unió a un esfuerzo coordinado con instancias privadas y públicas, nacionales e internacionales, para formular una propuesta de Ley de Vivienda y Hábitat, la cual fue entregada hace algún tiempo al actual Gobierno, sin que hasta el momento ello se haya traducido en cambio alguno.

El Gobierno y los empresarios de la construcción deben trabajar de la mano con las instancias que defienden el derecho a la vivienda a fin de recuperar cuanto antes la función social de la misma. Dignificar a la familia salvadoreña con vivienda adecuada, estamos seguros, tendrá impactos positivos sobre otras dimensiones de la vida social y mejorará la situación general del país.


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Comentarios

Elizabeth
12/04/2018 09:13:45 AM




No todos tenemos acceso a una vivienda digna, ya que las viviendas son de un alto costo, por otro lado los salarios bajos no son sujetos de creditos para vivienda digna como deberian de ser, no viviendas de una habitacion que da como resultado el hacinamiento de quienes las habitan, no contando con espacios de descnaso adecuado, se cocina a la par de donde se duerne, carecen de espacios de esparcimiento y si poseen una distribucion minima inadecuada para las familias. Para que usted tengsa acceso a una vivienda mas o menos digna debe tener un ingreso tambien digno. Los jovenes laborando son sujetos de creditos si tienen 25 años, de lo contrario no son sujetos, las politicas de credito de lo gubernamental o privado solo limitan por los ingresos en la mayoria de los casos quienes pueden se o no sujetos de credito para una vivienda digna. Falta compromiso para que la mayoria viva en un lugar adecuado para familias y dignamente.



Elsa Mprales.
10/04/2018 08:54:32 AM




Uno de los temas ausente en los debates de las campañas electorales, los derechos fundamentales y el papel del estado respecto a los mismos.



Ramiro
08/04/2018 03:48:18 PM



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Maravilloso articulo; pero lo siento mi amigo en El Salvador ni el guebierno ni los empresarios estaran dispuestos a mejorar las condiciones del pueblo. Necesitamos una revolucion de verdad y eliminarlos a todos ellos para que nuestro pais sea de verdad nuestro hogar.




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