Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


A propósito de la elección de magistrados

12/03/2018
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Estamos a las puertas de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. El tema es de suma importancia dada la tradición de independencia que ha ido imponiendo la Sala actual. Sería una vergüenza regresar al estilo de magistrado dependiente del poder ejecutivo, corrupto, prepotente y alejado de la misión que la Asamblea Constituyente dio a la Sala cuando la fundó en 1983. En ese momento, el documento único y aclaratorio que acompañaba la propuesta de Constitución afirmaba, en primer lugar, que la Sala es “determinante para fijar […] el rumbo del progreso en el cumplimiento de las disposiciones programáticas de la Constitución”. Y en segundo lugar, que sus magistrados “ejercitan una función y administran una justicia que reúne caracteres de orden político, no de política partidista”.

Hasta la presente Sala de lo Constitucional, muy poco se hizo por cumplir las “disposiciones programáticas de la Constitución” en lo que respecta a justicia social, lucha contra la impunidad e igualdad ante la ley. La afirmación sobre los “caracteres de orden político” se interpretó como obediencia a los políticos que elegían a los magistrados. En otras palabras, aunque siempre hubo notables excepciones y votos disidentes que salvaban la dignidad de una minoría, las anteriores Salas tendían a ser una especie de cadena de transmisión del Ejecutivo. En definitiva, un insulto a la independencia judicial.

Hoy se tiene la responsabilidad de continuar la línea de una Sala independiente, inteligente, con capacidad interpretativa y deseosa de defender el orden constitucional y continuar el desarrollo programático de la Constitución. Que se eligiera como magistrados a exmiembros de la Sala que convivieron con la corrupción y el servilismo, sería un terrible retroceso. Al igual que se seleccionara a personas que han tenido un mal desempeño en funciones gubernamentales o que se han expresado en contra de los derechos humanos. Los candidatos deben presentar, y hacerlo públicamente, una hoja de vida que pueda ser revisada y discutida por la sociedad civil, no solamente quedar sujeta a la discusión de los diputados y sus habitualmente turbias negociaciones.

Sobran abogados codigueros y literalistas, incapaces de interpretar la Constitución y desarrollar sus disposiciones programáticas. Por supuesto, ninguno de estos palabreros de la ley sería capaz de cumplir las responsabilidades propias de un miembro de la Sala. Sobran también quienes han apoyado la ley de amnistía, y ello los descalifica. Como también deben quedar fuera de terna los defensores de narcotraficantes y corruptos, y los que ayudan a evadir impuestos mediante la construcción de empresas off shore en paraísos fiscales. Estar en la Sala de lo Constitucional requiere integralidad, independencia clara de todos aquellos que viven o quieren vivir fuera del marco de los derechos humanos y de la estricta obediencia a los valores que dan base y sustento a nuestra Constitución: igual dignidad de la persona, libertad y solidaridad.

Los diputados deben tener la decencia de consultar a la sociedad civil, como lo hace un buen grupo de jueces y fiscales que se interesan por conocer la opinión de universidades, centros de investigación y organismos defensores de los derechos humanos. Si a la hora de elegir a los magistrados los diputados solamente atienden a sus intereses sectoriales, si caen en el maligno y perverso sistema de cuotas partidarias que tanto peso ha tenido en el pasado, ahondarán el rechazo popular a la Asamblea Legislativa. Los salvadoreños quieren democracia, no un régimen autoritario con disfraz democrático. En estas elecciones, el FMLN sufrió un duro voto de castigo; en el futuro, podría ser el turno de Arena. Todos los políticos deberían tener hoy claro que la ciudadanía está expectante, ávida de cambios reales y concretos, harta de eslóganes y grandilocuencias. La elección de los magistrados es, en este sentido, una buena oportunidad para demostrar que se ha tomado nota del mensaje que se envió desde las urnas.


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Comentario

Miguel Martínez.
15/03/2018 06:05:59 PM




Pero en lugar de que los abogados/candidatos tengan el perfil propuesto por este editorial, se han preocupado únicamente porque no tengan un sello partidista, algo que se puede superar, y no porque los candidatos tengan un roce directo con grupos de poder, que defenderían al haber un conflicto, a su patrón, en lugar de favorecer a la población. Están a la vista las asociaciones que quieren poner a su gente y no a abogados independientes. Existen ex magistrados que quisieran participar, aunque opino que presos deberían estar por omisión de delitos en gobiernos anteriores. A pesar de esto, estos ex magistrados son anunciados como referentes y a ellos acuden los abogados primerizos, yo diría que para aprender malos manejos dentro de las instituciones judiciales. Lo bueno es que, a partir de la sala actual ya no se crecí en órdenes del presidente, como antaño, pero existe la duda de que hoy sean los grupos de poder los que ordenen qué se debe hacer.




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