Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Enojo militar

28/02/2018
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El alto mando militar dice estar molesto porque la Fiscalía General de la República ha acusado a miembros del Ejército de cometer delitos. Para Munguía Payés, ministro de Defensa, la acusación es inaceptable, constituye un abuso de poder y forma parte de una práctica de acoso y persecución fiscal contra la institución armada. Sin embargo, en el historial de la Fuerza Armada hay mucha tela que cortar, en especial con respecto a la comisión de delitos. Porque crímenes se han cometido incluso al interior de instalaciones militares. Por ejemplo, son públicos los casos de cadetes que murieron en la Escuela Militar debido a presiones y maltratos por parte de sus instructores. Hace relativamente poco, un grupo de cadetes e instructores fue procesado y condenado por provocar la muerte por ahogo de un estudiante en la Escuela, y otro por dar una golpiza casi mortal a dos de sus compañeros, dejándolos lisiados de por vida, con graves secuelas físicas y neurológicas. No son pocos los militares en activo que han sido acusados de vender armas al crimen organizado y a las pandillas. Más de un militar retirado, con alta graduación, ha sido acusado de contrabando, de comerciar con productos ilegales y de evadir impuestos.

La acusación que ha molestado al Ministro de Defensa es todavía más grave, pues se presume que al interior de la Fuerza Armada opera un grupo de exterminio; es decir, que miembros del Ejército realizan ejecuciones extrajudiciales. Perpetrar un homicidio es un crimen, pero cuando lo comete de forma sistemática un grupo perteneciente a una institución estatal, estamos ante una muy grave violación a los derechos humanos. En este sentido, las acusaciones de la Fiscalía no pueden tomarse a la ligera, y cabe suponer que están sustentadas en indicios suficientes. Por tanto, ¿cuál sería el presunto abuso de poder en el que habría incurrido la Fiscalía en este caso? Abuso de poder es que la Fuerza Armada se niegue a ser investigada y a colaborar con la justicia. Aunque en un comunicado de prensa publicado el lunes 26 de febrero dice respetar el Estado de derecho y la institucionalidad, la práctica común de la institución es de signo contrario.

El Ejército, pese a que en teoría responde a una nueva doctrina militar, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz y en la Constitución de la República, todavía se comporta con prepotencia y como si estuviese por encima de la ley. Una institución que respeta la ley admite cuando sus miembros cometen delitos. Y en lugar de protegerlos, los pone a disposición de las autoridades pertinentes para que se esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas judiciales correspondientes. Una Fuerza Armada que no permite que las instituciones propias de un Estado democrático la fiscalicen es contraria a la doctrina de la democracia, y no es un cuerpo obediente, sino deliberante. Abusa del poder que le dan las armas y la cultura autoritaria para evadir la ley.

Abuso de poder es exigir privilegios y negarse a someterse a la autoridad civil, es destruir información que pudo ser útil para esclarecer los crímenes de guerra y lesa humanidad que el Ejército cometió en el pasado, es negarse a proporcionar los datos requeridos por el Instituto de Acceso a la Información Pública aduciendo motivos de seguridad nacional. También es abuso de poder oponerse a que se eliminen de los destacamentos militares los nombres de oficiales que ordenaron masacrar sin piedad a la población civil. En lugar de molestarse, el Ministro de Defensa debería, porque le corresponde de oficio, investigar y, por supuesto, permitir que la Fiscalía también lo haga. Si encuentran que la acusación es cierta, deben llevar a todos los involucrados ante la justicia, no sin antes expulsarlos de la institución castrense con baja deshonrosa. Actuar así contribuiría a mantener el prestigio de la Fuerza Armada salvadoreña, mientras que negarse a ser investigado y amenazar veladamente a otra institución del Estado por cumplir la misión que le corresponde es dañar a la institución militar.

Que el Ministro de Defensa denunciara a la Fiscalía haciéndose acompañar del alto mando, vestidos todos de faena, solo puede entenderse como un acto de intimidación contra quienes buscan que se cumpla con la ley. Este tipo de escenas, cada vez más frecuentes, repiten el modus operandi de la Fuerza Armada durante la guerra cuando quería mostrar unidad y, sobre todo, dejar claro su poder. Si el Ejército en verdad está interesado en defender su honor, tiene que someterse al imperio de la ley y responder al Estado de derecho, y no solo con declaraciones, sino con hechos.


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Comentarios

JORGE CASTILLO
20/03/2018 01:48:05 PM




No se puede habla de golpes de estado en estos años



Romualdo.
05/03/2018 11:06:22 AM




El hermetismo que la institución castrense manifiesta es consecuencia del sistema común de corrupción que posibilita tales conductas. La Fuerza Armada evidentemente oculta el sinfín de suciedades quien sabe desde que edad, las cuales protege a toda costa. A menos que exista un compromiso real de procurar la transparencia y garantizar el cumplimiento de los DD.HH de parte de las instituciones estatales, no es posible contar hoy día con las voluntades necesarias para operar la transformación de las acciones sociales en pos de la Justicia.



Fredy Ramón Pacheco
01/03/2018 05:17:36 PM



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Solo le faltó decir: si me siguen molestando les daré un golpe de estado!!, _Estoy muy de acuerdo con esta propuesta de un civil en esa cartera.



Romulo Marcenaro Ch.
01/03/2018 04:26:42 PM



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Es insultante ver y oir a ese disque ministro de defense, amenazando a la fiscalia, demuestra que se considera intocable. Y el senor presidente???? callado porque tambien le tiene miedo. Pobre El Salvador, con los gobernantes que tiene, unos incapacer y corruptos y otros prepotentes, de nada sirvieron los acuerdos de paz.



Francisco Martínez
01/03/2018 07:58:34 AM



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Estoy de acuerdo con este planteamiento, sin duda, la actuación del Sr. Munguía Payés, no sólo ha sido una pataleta desesperada y anti-democrática, una burda bufonada. Lo grave, es que ha sido como funcionario de un gobierno dizque de izquierda, firmante del acuerdo de paz y comprometido con que, la fuerza armada, dejara de ser un actor deliberativo en la vida nacional y se subordinara al poder civil. Si estos actos anti democráticos, se hubieran cometido en un gobierno de la derecha, estoy segurisimo, que el partido de gobierno y estos funcionarios, hubieran salido a protestar. Lo más grave, en esto como en otros hechos de este gobierno, es que se ha sentado precedentes, que se deben evitar por una ciudadanía critica, ojala organizada y movilizada.



Carlos Rivas
01/03/2018 07:17:15 AM



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La Fuerza Armada en diferentes épocas ha tenido Ministro Civil, lamentablemente éstos han utilizado la institución para fines políticos, económicos y familiares sino recordemos durante la dinastía Melendez Quiñonez a inicios del siglo XX y en la actualidad en región iberoamericana están cambiando de civiles a militares por los usos políticos y económicos. La institución respeta las leyes nacionales y sus instituciones, pero en los últimos dias la Fiscalía no solo abusa de su mandato contra el gobierno sino que contra las personas naturales.



Rafael Castro
28/02/2018 10:32:37 PM



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Resulta insultante que después de la cadena de crímenes sufridos durante la pre guerra por la fuerza armada, después de la firma de los Acuerdos de Paz exista aún una institución que se niega a integrarse a la legalidad de las normas del país. A estas alturas, después de evidentes fallas, la institución militar se ha convertido en intocable y rebelde a cumplir con las leyes del país. Su ministro pretende convertirla en infranqueable al mando de una especie de búnker, dentro del cual gobierna una persona decide por todos y desobedece a las leyes del país. Se ha dicho hasta la saciedad que dentro de un ambiente democrático, si una persona que pertenece a una institución, es requerida por la autoridad, sus jefes deben colaborar en su entrega y confiar en las leyes del país. Es mala señal actuar con soberbia ante toda una sociedad. Recordar que los funcionarios no son eternos en sus puestos y que después de cada elección el presidente los cambia.




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