Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Falsedades

24/11/2017
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Han pasado más de 10 años desde que se presentó la primera propuesta para una ley general del agua, y aún nada. Como se sabe, el entrampamiento en el proceso de discusión y aprobación de la normativa ha radicado en la definición de la institucionalidad que regirá y regulará todo lo relacionado al agua. En este sentido, es buena noticia que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa haya definido que el ente rector será una institución autónoma. Pero el meollo del asunto sigue sin tocarse. Todavía no se discute la composición de la autónoma, es decir, si será regida por una mayoría de representantes de la empresa privada —como quiere la ANEP— o de instancias del Estado —como ha propuesto el arzobispo, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y la UCA, con el respaldo de organizaciones sociales—.

El último argumento de los partidos de derecha para oponerse a que el ente rector sea mayoritariamente estatal es que ello llevaría a la politización y corrupción de la institucionalidad. Por eso, dicen con insistencia, se necesita una instancia eminentemente técnica, con gente que actúe en base a evidencia científica sin dejarse llevar por ideologías partidarias. Esta afirmación, que con soltura repiten algunos diputados y publican los grandes medios de comunicación, está basada en prejuicios. En primer lugar, para la derecha, el enfoque técnico solo lo puede tener la empresa privada, porque los representantes del Gobierno, sean del signo que sean, tienen un enfoque político, no científico. En otras palabras, afirmar que el ente rector del agua debe ser eminentemente técnico es lo mismo que decir que debe ser eminentemente privado. En segundo lugar, de acuerdo a este argumento, la técnica está separada de la ética, porque la primera es amoral, neutra, mientras que la política está impregnada de valores.

Ambos argumentos son falaces. Por un lado, nada en la sociedad es neutro; todo tiene, y debe tener, una implicación política. No admitirlo pretende ocultar esa conexión, pretende no confesar que opera en la realidad. La técnica y la ciencia tampoco pueden dejar de ser políticas. La ciencia y la técnica neutrales no existen. A pesar de que los técnicos o tecnócratas se proclamen apolíticos, han sido legitimadores de proyectos políticos. ¿O acaso la ANEP puede afirmar sin mentir que no es política? Por algo Francis Bacon, uno de los fundadores del método científico, sostuvo que “la ciencia es poder”, porque, por lo general, quien la dirige detenta el poder y la pone al servicio de sus intereses.

Si revisamos la historia reciente de El Salvador, desde 1989, cuando se comenzó a implementar las medidas neoliberales a cargo de tecnócratas, constataremos que los resultados obtenidos han contribuido poco o nada al crecimiento de la economía, mucho menos al bienestar general o la justicia distributiva, como pregonaban. Las medidas neoliberales inspiradas en el consenso de Washington han fracasado, una tras otra, en la promoción del desarrollo de El Salvador. En lo único en que han sido exitosas es en concentrar la riqueza en pocas manos. La mayoría de la población ha sido excluida de los beneficios del supuesto desarrollo; se ha visto orillada a ganarse la vida en el comercio informal, a dejar el país o a buscar salidas subterráneas para sobrevivir. Y es clarísimo que esta realidad que vivimos, además de alarmante, se ha vuelto sumamente peligrosa.

El argumento de que la autónoma debe de ser un organismo técnico, o sea, privado, para evitar la politización y la corrupción, es falso, no resiste la crítica ni las lecciones de la historia. Lo mismo dijeron los tecnócratas de la empresa privada que gobernaron en el pasado, y hay que ver el país que nos dejaron. Ciertamente, la junta directiva de la autoridad nacional del agua debe estar integrada por personas idóneas, conocedoras de la temática y con capacidad para enfrentar los problemas en la materia. Estos requisitos han sido plasmados en la propuesta de la Iglesia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la UCA. Sin embargo, los técnicos no solo provienen de la empresa privada; al menos no los que pueden interesarse por el bien común, dejando a un lado los intereses de las gremiales que los ponen en el cargo. Si el agua es un bien público, el Estado deber ser su garante. Por ende, el ente rector del agua debe ser también en su mayor parte estatal.


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