El autor es docente de la Maestría en

Desarrollo Territorial.

En los últimos días hemos estado recibiendo las lamentables noticias de una serie de accidentes de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, así como en diversas carreteras del país. Es evidente que la situación de la circulación vehicular se ha desbordado en los últimos años, derivada, entre otras razones, del incremento en el parque vehicular y de la ausencia de una adecuada planificación del ordenamiento territorial, con todos los problemas que esto implica para la ciudadanía, uno de ellos, la frecuencia y la gravedad de la accidentabilidad vehicular.

A pesar de las trágicas consecuencias para la población, al aumentar el número de personas lesionadas y fallecidas, parece ser que abordar desde la gestión pública el cotidiano problema del tráfico de forma responsable, con medidas que conduzcan a una reducción importante de dichos efectos, no es una prioridad para las personas e instituciones encargadas, ya que entra en la misma lógica tradicional de hacer política con fines electoralistas: dejar que las cosas sigan igual, de mal, para evitar enfrentar el denominado “costo político”, derivado de cambios significativos, que verdaderamente pudieran contribuir a aumentar la calidad de vida de la población, y que impliquen formas muy diferentes de hacer las cosas de como se han venido haciendo hasta el momento en el país.

Podría considerarse que es algo tan simple de pensar como diseñar una política pública que pueda
orientarse al cumplimiento irrestricto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya que a la fecha pareciera que dicho marco normativo, al igual que sucede con otras leyes, son solamente “documentos simbólicos”. La frecuencia de accidentes se deriva directamente del incumplimiento cotidiano y sistemático de la Ley, del cometimiento habitual de diferentes tipos de infracciones de tránsito. El “Plan Cuscatlán”, base de los postulados el actual gobierno, plantea en su sección de Infraestructura una serie de medidas para enfrentar este grave problema, que esperemos lleguen a ser realidad, ya que mucha razón tiene en establecer que “La falta del cumplimiento de las normas y el blando actuar de las autoridades al no tener legislación que las respalde es la principal causa del desorden vial”.

Tomando como referencia las cifras de accidentabilidad del año recién pasado 1 , se registraron un total de 20,107 accidentes de tránsito, que derivaron en las trágicas cifras de 1,406 personas fallecidas y 10,960 lesionadas, lo que hace un promedio mensual, en 2019, de 117 fallecidos y 913 lesionados. Estas cifras resultan bastante preocupantes, que deberían llevar a una reflexión a las instituciones que gestionan el tráfico vehicular. Para el mismo año, 2019, las principales cinco causas de accidentes fueron, de mayor a menor: distracción del conductor, invasión de carril, irrespeto a la señal de prioridad, no guardar la distancia de seguridad y velocidad inadecuada. Estas cinco causas principales de accidentes registrados por la Dirección General de Tránsito del VMT [1] representan el 81% de un listado total de 18 causas, es decir, ocho de cada diez accidentes que suceden en el país tienen que ver con alguna de estas cinco infracciones mencionadas; sin embargo, no es común observar que se impongan sanciones a las personas que conducen con diferentes tipos de distractores al volante, o que invaden otro carril al hacer algún giro, cruzar una doble línea amarilla o al circular por un redondel, ni tampoco campañas específicas para modificar dichas conductas. Por el contrario, es bastante común observar campañas mediáticas para prevenir la conducción en estado de ebriedad, que por supuesto tienen suma importancia a nivel de prevención; sin embargo, ésta es, según cifras oficiales, la octava causa de accidentes, con un 3% de incidencia del total, frente al ya mencionado 81% de las primeras cinco. Pareciera ser que para las personas encargadas de la gestión del tráfico vehicular sigue siendo más importante el efecto mediático en la percepción de la población que las decisiones responsables sobre cómo afrontar los problemas que la aquejan diariamente, como es el caso de la seguridad vial, que acarrea altas cifras de muertos y heridos diariamente. Se necesita, al igual que en otros ámbitos de la vida nacional, un cambio radical en la forma de abordar los problemas de la ciudadanía, que impliquen una ruptura de la visión clientelista electorera.

Hace falta encarar el problema de raíz, con una acción eficiente y permanente a nivel coercitivo del órgano estatal encargado del cumplimiento irrestricto de la Ley, además de campañas de sensibilización ciudadana que permitan educar y conocer normas de conducción tan elementales como el significado de una línea continua, la prioridad del peatón en un paso de cebra o el uso exclusivo para sobrepasar que tiene el carril izquierdo en una carretera de doble carril. Todo eso, más posibles medidas como cumplir con el requisito de aprobar un examen de conducción cada vez que sea necesario renovar la licencia, podrían contribuir a una reducción significativa de las trágicas cifras que dejan la gran cantidad de accidentes de tránsito.

[1] Viceministerio de Transporte (VMT), 2019.

Fotos por: Guillermo Amaya