VI Tribunal de Justicia Restaurativa

I- FUNDAMENTO.

Los costos de lo ocurrido en El Salvador desde inicios de la década de 1970 hasta 1992, fueron altísimos. Más allá de los materiales, los humanos fueron y siguen siendo incalculables y–sobre todo– inmorales. Se habla de setenta y cinco mil personas de la población civil no combatiente que fueron ejecutadas y ocho mil desaparecidas de manera forzada; la Comisión de la Verdad da cuenta de casi veintiún mil víctimas en estas y otras formas criminales, a partir de las denuncias que recibió. A esos seres humanos con nombre y apellido, rostro e historia, familia y querencias, le truncaron sus sueños; víctimas directas de la conflagración sus proyectos de vida, de por sí inciertos, nunca se realizaron. Hoy, todavía no se conoce toda la verdad de los hechos. Algunas de las víctimas siguen presentes en la discusión por su trascendencia política, social o económica; en algunas ocasiones hay quienes, por sus intereses personales o políticos, pretenden hablar a nombre de todas y erigirse como ejemplo de una supuesta y quimérica “reconciliación nacional”. Pero la mayoría ha quedado en el limbo del anonimato y en el infierno de la injusticia, sin siquiera alcanzar a ver de lejos el cielo que les prometieron tras el fin de la guerra.

No se reconocen las responsabilidades de las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad. La impunidad se mantiene después de la firma de la paz entre los bandos armados, para su exclusivo beneficio. Las víctimas y sus familiares, resultado de las prácticas estatales de persecución y exterminio tendientes a arrasar con quienes reclamaron inclusión y equidad, siguen ausentes en la agenda de los poderes dentro de los cuales debe incluirse la antigua insurgencia. A una y otras, su dignidad se les sigue atropellando.

Porque esa deuda enorme con la dignificación de las víctimas directas e indirectas no ha sido considerada para ser saldada, fue necesario plantearse en el año 2009 la necesidad de crear mecanismos de búsqueda de la verdad, justicia y reparación instaurando el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Así, se intenta contribuir a impulsar una modalidad de la justicia transicional adecuada a las condiciones del país; reconocer la responsabilidad oficial entraña admitir el valor intrínseco de sus víctimas como parte de un proceso integral de verdad, justicia, reparación, perdón y democratización de las sociedades modernas. Se trata de dignificarlas, a las víctimas y a las sociedades, considerando las condiciones propias de cada situación. Las peticiones genéricas de perdón o la sola reparación material, en caso de darse, tienen sus límites. Las vidas cegadas, las verdades desconocidas, la justicia esquiva, los sufrimientos extremos, los dolores permanentes y los proyectos de vida deshechos por el horror de la actuación cruel e inhumana de agentes estatales y –aunque diferente en cantidad y, sobre todo, en calidad– de integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no pueden satisfacer las aspiraciones de una sociedad que pretende llegar a ser normal. Lo que se plantea desde la justicia restaurativa es un proceso que, sin ser lineal, avance en esa dirección. Así, es imprescindible saber la verdad y aceptarla; también investigar los hechos hasta encontrar a sus responsables, con el objeto de remediar los abusos y garantizar que no se repitan. El perdón –resultado de un acto de arrepentimiento por las barbaries cometidas– es lo que vale junto a la reparación integral, moral y material, sabiendo a quién se va a perdonar y porqué se va a reparar. De esa manera, es posible sentar las bases para que las víctimas sanen sus heridas con el único remedio: la justicia. Ese proceso es necesario para que las comunidades, cuyo tejido social se rompió encuentren razones sólidas para tener esperanza en el presente y tengan perspectivas para construir su futuro en armonía.

Para cooperar en ese sano proceso reparador, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) a través de su Instituto de Derechos Humanos –el IDHUCA– y desde su compromiso con las víctimas, sus familiares e instituciones que las acompañan, impulsó en marzo del 2009 el Tribunal Internacional para la

Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Es ineludible escuchar las voces de la parte sufriente. Por eso se buscó verdad, formas de justicia y reparación, con y para las víctimas. Se abrió el espacio para que su palabra dolorosa fuera escuchada por oídos fraternales, ligados a su destino. Para el IDHUCA, las víctimas son lo más importante. En esa línea, son las víctimas la esencia y la razón de ser del IDHUCA; por ello, la justicia transicional –empezando por la restaurativa– puede ser un bálsamo que ayude a curar las heridas aún abiertas y el motor que empuje una demanda social hasta ahora latente en el país. Así las cosas, se instauró el referido Tribunal. Integrado por personalidades nacionales e internacionales reconocidas por su labor en la materia y referentes de las víctimas, planteó señalar públicamente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, tomando en cuenta directamente a las personas y las comunidades afectadas por tales atrocidades a efecto de conocer y reconocer la verdad. La voz de las víctimas reclama justicia y a sentencia del Tribunal se constituye como un paso más, después del informe de la Comisión de la Verdad, en el camino por reafirmar el derecho que asiste a las víctimas para alcanzarla. Se han realizado ya cinco ediciones del Tribunal en 2010 en Suchitoto, 2011 en Arcatao, 2012 en Tecoluca y 2013 en las instalaciones de la UCA, en el marco del vigésimo aniversario de la Ley de Amnistía y del informe de la Comisión de la Verdad.

II- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La búsqueda de la verdad, justicia y reparación a través del Tribunal Internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador se conforma por conocedores en materia de Justicia Transicional quienes conocerán casos de graves violaciones a derechos humanos como masacres, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas sufridos antes y durante el conflicto armado, cuyo procedimiento consiste en la selección de casos, su exposición pública y evaluación desde la perspectiva del derecho humanitario y el ofrecimiento de una respuesta fundada en el derecho y la Justicia tendiente a la reparación individual y del tejido social, los cuales posteriormente se presentarán ante la fiscalía General de la República para que realice la investigación pertinente y en caso de ser necesario presentarlos ante las instancias internacionales.

III- CONTEXTO

Más de veinte años han transcurrido desde el fin del conflicto armado fratricida que dividió a la sociedad salvadoreña que todavía sufre de una fuerte polarización político-social, de un tejido social extremadamente frágil y de un control autoritario de las instituciones estatales, sobre todo de las encargadas de impartir justicia. Su consecuencia más lógica y evidente: la impunidad, sobre todo aquella discrecional que la garantiza dependiendo de quién es el victimario y quién la víctima.

Esto último influye en todo lo demás y en gran medida responde a la absoluta ignorancia de esenciales recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad en su reporte final y, como complemento, a la malicia en el mal cumplimiento de otras. Más aún, cinco días después de la presentación de tal informe –el 20 de marzo de 1993– el Órgano Legislativo decretó una amnistía contraria a las obligaciones internacionales adoptadas por aquél en materia de derecho internacional de derechos humanos y –a estas alturas– sigue negándose a derogarla pese a los señalamientos reiterados en tal sentido, provenientes de distintos organismos intergubernamentales internacionales y sociales internos.

A excepción del cese al conflicto bélico a la mayor brevedad posible por la vía de la negociación política, se continúa esperando el irrestricto respeto de los derechos humanos, la democratización del país y la reunificación de la sociedad.

En buena medida, esta situación tiene su origen en las decisiones políticas adoptadas para proteger a los responsables de las atrocidades; muchos de éstos son, aún, actores vigentes en los ámbitos político, económico y social. Por eso no se llevó ante la justicia a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio que, por su trascendencia, son considerados como imprescriptibles por la comunidad internacional.

La realización de este tribunal está jurídica, ética y políticamente justificada sobre la base del derecho de las víctimas a tener acceso a un Tribunal para la presentación de sus casos, al derecho de la sociedad salvadoreña de conocer la verdad y trabajar sobre su memoria histórica y finalmente emprender acciones que reparen el tejido social dañado por la guerra y por la perpetuación de la impunidad.

Victoria es un municipio del departamento de Cabañas, de acuerdo al censo oficial de 2007 tiene una población de 12,626 habitantes. El municipio cubre un área de 146,95 km², está limitado al Norte por Nombre de Jesús (Departamento de Chalatenango) y la República de Honduras; al Este por la República de Honduras y Sensuntepeque; al Sur y Oeste por Sensuntepeque, entre sus cantones se encuentra Santa Marta a unos 20 km de la frontera de Honduras, entre los departamentos de Morazán y Chalatenango, sus habitantes en mayoría son refugiados que se vieron obligados a huir de la zona por la represión indiscriminada de la Fuerza Armada bajo el operativo “tierra arrasada”. El 18 de marzo de 1981, cientos de personas, mujeres, niños, niñas y adultos mayores marcharon hacia la frontera con Honduras, trazada por el curso del río Lempa, cuando llegaron a la orilla, encontraron que habían abierto las compuertas de la represa río arriba, con lo que el nivel de las aguas se había incrementado considerablemente, a pesar de ser verano. Mientras buscaban la forma de atravesar el río, fueron atacados por el Ejército salvadoreño, con morteros y un helicóptero, y por el hondureño desde el otro lado de la frontera. Decenas de personas murieron por los disparos, otras se ahogaron intentando cruzar el Lempa. El día siguiente consiguieron pasar al otro lado, donde fueron nuevamente atacados por los militares hondureños, que mataron alrededor de 35 personas más.  Finalmente, llegaron a la aldea de Los Hernández, donde la población les acogió y les ofreció parte de lo poco que tenían. Pasaron una semana prácticamente sin comida y sin agua. A diario se morían niños y ancianos. Hasta que llegó una representación de la Iglesia Católica de Honduras y de la organización Médicos Sin Fronteras, que alivió su situación se dirigieron hacia la aldea de La Virtud, donde los refugiados estuvieron durante nueve meses, con problemas de desnutrición y enfermedades, hasta que en enero de 1982, con la mediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fueron trasladados el campamento de Mesa Grande.  ACNUR propició el inicio de un proceso de negociación con el gobierno salvadoreño que duró hasta octubre de 1987. El 10 de octubre, un grupo de 1.008 personas regresaron a Santa Marta con la protección de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.  

Actualmente Santa Marta tiene una población de 3000 personas aproximadamente, con 550 hogares, la mayoría de las personas viven de una agricultura de subsistencia: cultivan maíz, frijoles y sorgo, algunas personas cultivan verduras o crían animales para proporcionarles algún ingreso adicional y para mejorar su dieta, las oportunidades de trabajo remunerado son pocas, lo que implica que para sobrevivir, las familias dependen en gran parte de las remesas enviadas desde los que ahora están trabajando en Estados Unidos. 

Mapa de El Salvador

Mapa de Cabañas

Habitantes de Santa Marta intentando cruzar el río Lempa, 18 de marzo de 1981

IV- POBLACIÓN BENEFICIARIA

En la realización del tribunal participarán las 14 organizaciones salvadoreñas que conforman la Red de Comités de Víctimas de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado. Calculando un promedio mínimo de 5 miembros activos por organización. Los beneficiarios directos del proyecto serán las víctimas directas e indirectas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, sucedidas antes y durante el conflicto armado en El Salvador.

· Destinatarios indirectos:

Las organizaciones reunidas en la Red de Comités de Victimas de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado, representan varias comunidades que fueron el escenario de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto bélico. Por tanto, el veredicto del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador tendrá un valor real para los habitantes de estas comunidades. Las cuales son: San Salvador, Arcatao municipio de Chalatenango, cantón La Quesera municipio de Usulután, Tecoluca municipio de San Vicente, Santa Marta municipio de Victoria, Cabañas, El Mozote municipio de Perquín, Morazán, Zacatecoluca municipio de La Paz, Suchitoto municipio de Cuscatlán, Nahuizalco municipio de Sonsonate, comité de expresos políticos (EXCOPPES), Cacaopera municipio de Morazán, comité 31 de octubre de 1989 y Guancora municipio de Chalatenango y Concertación Monseñor Romero.