Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero
La nueva derrota de la Fiscalía en los tribunales, esta vez a propósito de la masacre en la finca San Blas, ha irritado tanto al Fiscal General que la ha emprendido contra los jueces. Mejor sería que revisara sus propios procedimientos. Una serie de datos evidencian la incapacidad fiscal para sostener una acusación ante un juez sensato. En este caso, la Fiscalía acusó a ocho agentes de una unidad especial de la Policía del homicidio agravado del escribiente de la finca, asesinado por un solo disparo. La responsabilidad de los otros siete asesinados la dejó fuera de la causa, quizás por tratarse de pandilleros, cuyo asesinato estaría justificado, aun cuando entre ellos se encontraba una joven cuyo delito fue ser novia de uno de ellos. De esa manera, la Fiscalía convirtió una masacre en un homicidio.
La Fiscalía no solo acusó a los ocho policías por el disparo que mató al escribiente, sino que, además, ocultó datos relevantes y no utilizó pruebas incriminatorias. Así, omitió que el informante que llevó a los policías a la finca donde se reunían los pandilleros era el mandador de la propiedad y tío del escribiente. No aclaró si los policías ejecutaron al muchacho mientras se encontraba de rodillas o si más bien murió en un enfrentamiento, tal como asegura la versión policial. Pasó por alto la declaración del forense, según la cual el escribiente muy probablemente se encontraba de rodillas con las manos en la nuca cuando recibió el disparo en la cabeza: presentaba escoriaciones en el cuello, incompatibles con un enfrentamiento. No utilizó la prueba de balística, según la cual los ochos fusiles policiales dispararon 311 veces, mientras que las otras seis armas encontradas en la escena de la masacre solo lo hicieron tres veces y los cargadores de varias de ellas estaban llenos, algo inexplicable después de un enfrentamiento de 40 minutos. Otro hecho incomprensible es que uno de los cadáveres, encontrado desarmado, recibió no menos de veinte impactos de bala. La Fiscalía tampoco dio importancia a la alteración de la escena del crimen; al asesinato del mandador, tres meses después de los hechos; al asesinato del yerno de la madre del escribiente, ocurrido hace poco; y a las amenazas que han obligado a esta a cambiar de residencia.
Las omisiones fiscales son tantas y tan graves que cabe sospechar de complicidad con los acusados. Curiosamente, la defensa renuncia a su único testigo de descargo, después que la Fiscalía retirara a otros seis testigos por considerarlos innecesarios. En todo caso, la incompetencia fiscal trabajó a favor de la impunidad. De lo que no cabe duda, de acuerdo con la información disponible, es de la complicidad institucional. Solo cinco de los ocho acusados fueron capturados, dieciséis meses después de los hechos. Los detenidos recibieron trato preferencial, pues los recluyeron en dependencias policiales, donde recibieron visitas como la del presidente de la Asamblea Legislativa. Los honorarios de su defensa muy probablemente salieron de fondos públicos, pues están fuera de sus posibilidades económicas. Durante la audiencia, la prensa observó complicidad entre los acusados y los cuatro agentes uniformados y armados con fusiles que custodiaban la sala, y entre estos y los fiscales. Más aún, estos solicitaron a la Corte Suprema de Justicia prohibir fotografías en la sala, una vez que el juez ordenó a los acusados no cubrirse el rostro. La deferencia es insólita cuando se pedía la pena máxima de 50 años de cárcel. Por último, la cuenta en una red social utilizada por policías convocó a congregarse en las afueras del tribunal para celebrar la libertad de sus colegas, a quienes saludó como héroes, ante el silencio complaciente de la institución policial. Nada extraño, dado que para los responsables de la seguridad el operativo fue normal y la acción, correcta.
La sentencia del juez, que tanto irrita al Fiscal, es consecuencia lógica de las irregularidades. El juez establece que la víctima no era pandillero, sino empleado de la finca, que estaba desarmado, que no opuso resistencia y que suplicó por su vida a los policías. Por tanto, hubo una ejecución sumaria, pero sus responsables son inocentes, porque la Fiscalía no identificó al policía que disparó. El juez no va más allá porque la Fiscalía solo acusó de un homicidio agravado.
El Fiscal es víctima de la ilusión mediática. Las frecuentes comparecencias públicas para informar del descubrimiento de conspiraciones, de la captura de centenares de delincuentes y de la confiscación de propiedades, cuya fuente por lo general son delincuentes privilegiados, no son suficientes para acusar ante el juez. El respaldo de los funcionarios del Ejecutivo y el aplauso del público deseoso de sangre no son argumentos válidos en un tribunal. La formalidad de la investigación y del juicio, tal como pedía Washington, está cumplida. El Gobierno y la Policía pueden descansar tranquilos, pero la justicia no ha sido satisfecha.