XXI aniversario de los mártires de la UCA



Agregar a TwitterAgregar a facebook El Caso Jesuitas y la justicia salvadoreña
Margarita Moreno
27/11/2010
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“Eliminar a Ellacuría sin dejar testigos” fue la orden que recibió un grupo de militares, según relató un testigo protegido ante la Audiencia Nacional de España, durante una de las sesiones realizada en torno al Caso Jesuitas. En esta demanda judicial, presidida por el juez Eloy Velásquez, están siendo procesados militares salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani, este último acusado de encubrimiento del crimen.

Mientras el juicio avanza en tierras españolas, ¿cuál ha sido el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ante el Caso? Para responder a esta pregunta, el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad, en el marco del XXI aniversario de los mártires de la UCA, dedicó su tradicional Cátedra Estado de Derecho al tema y la denominó “El Caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España y la actitud de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador”. La exposición estuvo a cargo de Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA.

En el evento, realizado el 25 de noviembre en el auditorio del Edificio de Aulas “D”, Cuéllar inició haciendo referencia al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 1999, en el cual se hacía al Estado salvadoreño cuatro recomendaciones acerca del asesinato de los seis jesuitas, Elba y Celina Ramos: investigar el crimen, procesar a los responsables, reparar el daño a las víctimas (familiares, la Compañía de Jesús, la UCA, entre otros) y derogar la ley de amnistía. El director del IDHUCA recordó la negativa del entonces presidente Francisco Flores y del fiscal general en turno, Belisario Artiga. “Había una clara decisión deliberada de proteger a los responsables”, señaló.

A pesar de que el Estado se negó a acatar las recomendaciones de la Comisión, la UCA, a través del IDHUCA, siguió insistiendo y agotando todos los recursos que permitía la ley salvadoreña. Por ejemplo, presentó requerimientos ante los juzgados correspondientes y utilizó recursos facilitados por algunas sanciones de la Sala de lo Constitucional, como la sentencia que declaró inconstitucional el hecho de que un Gobierno se amnistíe a sí mismo. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos dio resultado. De acuerdo a Cuéllar, el objetivo de las acciones emprendidas por el IDHUCA era hacer “que funcionaran las instituciones o demostrar que las instituciones continuaban viviendo de un simple discurso. Desafortunadamente, comprobamos lo segundo”.

En 2008, el Caso Jesuitas llegó a la Audiencia Nacional de España gracias al trabajo e iniciativa de Almudena Bernabeu, abogada del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés). A partir de ese momento, se han presentado a declarar ante dicha instancia, entre otros, embajadores y miembros del cuerpo diplomático español que estuvieron acreditados en nuestro país durante los días del asesinato, así como una experta en archivos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos.

En este proceso de recopilación de pruebas e información, la Audiencia Nacional de España solicitó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador copia de los expedientes del Caso: los del juicio realizado en 1990 y los de todos los procesos judiciales desarrollados posteriormente. Sin embargo, la Corte se negó a enviar la documentación aduciendo que se pondría en riesgo la soberanía y la seguridad nacionales. Según Cuéllar, la actitud de la institución se explica “porque tienen temor, pues quedará en evidencia lo fraudulento del proceso” y los obstáculos puestos por el aparato judicial salvadoreño para impedir que se llevara a juicio a los responsables de la masacre.

Actualmente, el papel que están jugando algunos magistrados, específicamente de la Sala de lo Constitucional, deja ver, a juicio de Cuéllar, ciertas “luces”, aunque también asegura que la gran mayoría de funcionarios dentro del poder judicial “siguen conspirando contra la verdad y justicia para las víctimas”.





De izquierda a derecha: Ivette Cardona, miembro del Instituto de Investigación Jurídica de la UCA; y Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA (Foto: Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, 25/11/2010).


De izquierda a derecha: Ivette Cardona, miembro del Instituto de Investigación Jurídica de la UCA; y Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA (Foto: Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, 25/11/2010).


Bejamín Cuéllar también ha participado como testigo sobre el Caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España (Foto: Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, 25/11/2010).


Bejamín Cuéllar también ha participado como testigo sobre el Caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España (Foto: Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, 25/11/2010).



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